¿Necesitamos más políticas públicas construidas desde la capital?: La Resolución para las economías campesinas y su deuda pendiente con los movimientos sociales.

La política de un territorio es la expresión de sus formas culturales, a la vez que las formas culturales de un territorio son también expresión de las formas de poder vigentes. Así, la contracultura se convierte en un ejercicio de resistencia y progresivamente vamos encontrando nuevos marcos políticos que reconocen las diferentes identidades que existen en los territorios, que resisten aún en el marco de un sistema mundo neoliberal. Para ésta columna de 3Colibrís, presentamos y analizamos la Resolución 0000006 de 2020 en la que se adopta el Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en cumplimiento del punto 1334 del Acuerdo Final.

Es responsabilidad de la sociedad civil conocer el marco político que rige su vida cotidiana y buscar vías pacíficas para consolidar nuevas herramientas políticas para consolidar territorios enmarcados por la justicia social. En este sentido, realizamos una somera descripción del Plan y cerramos con un respetuoso llamado al Gobierno Nacional para a abrir esta importante herramienta política a la implementación y veeduría de las organizaciones campesinas, que busca apoyar a la Economía Campesina Familiar y Comunitaria (ECFC) que ancestralmente nos ha alimentado a los que hoy nos reconocemos como colombianos.

La Resolución 464 e 2017 y la Reforma Rural Integral de los Acuerdos de Paz se encuentran en la Resolución 000006 de 2020.

El documento de la Resolución, consta de consideraciones y lo que se resuelve en relación a dichas consideraciones y lo que se resuelve en relación a ella. Adicionalmente, contiene el «Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en cumplimiento del punto 1334 del Acuerdo Final», que incluye una introducción; justificación y antecedentes; marco conceptual; diagnóstico y alcance; oportunidades de articulación con otros instrumentos de política pública; identificación, focalización y priorización; estrategia de seguimiento; presupuesto y fuentes de financiamiento; bibliografía; y anexos.

De entrada, por su carácter no vinculante al ser una resolución, es decir, que no es de obligatorio cumplimiento en los territorios del país, la Resolución 000006 de 2020, igual que sucede con la Resolución 464 de 2017 que establece los lineamientos de política pública para la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC), comparten un reto es de voluntad política, además, de los retos técnicos asociados a la implementación de una política pública. El propósito de la Resolución es «Contribuir a la inserción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en cadenas de valor, para reducir las brechas territoriales entre lo urbano y lo rural, para promover un desarrollo sostenible y con equidad”.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creador de la Resolución, los principales retos a los que se enfrenta la Economía Campesina son de carácter tecnológico, continuamos despreciando los aspectos culturales a pesar de que la política está pensada para grupos sociales, citando a la Resolución los principales retos son: «Fomentar la transferencia tecnológica, financiamiento, gestión riesgos, promover la asociatividad y fortalecer la comercialización, también se identifica el reto de promover la institucionalidad en los territorios». Continuamos desde la política pública reconociendo la identidad campesina como un asunto cultural y político, relegamos a los campesinos exclusivamente al rol de actores económicos.

Uno podría preguntarse porque los retos asociados a la  economía campesina se conciben únicamente desde una perspectiva economicista, entendiendo lo campesino como un actividad netamente económica, y la respuesta es: porque se trata de un gobierno que ha minimizado los espacios de reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho, que frenó la creación de la categoría de campesino en el Censo Nacional, que ha limitado la participación de la ciudadanía, especialmente la de los territorios en la política pública, ha reducido los espacios de gobernanza y ha limitado la implementación del Acuerdo de Paz a los mínimos solicitados por la comunidad internacional, como un requisito para quedar bien a fuera, en lugar de un compromiso real con las víctimas.

Es por esto que no sorprende que la Resolución que ha sido creada únicamente por agentes de gobierno, por Ministerios y Agencias de Estado deja un sin sabor porque la Resolución pudo haberse enriquecido con una cosmovisión más amplia de lo que son las economías propias y el sentido cultural de la Economía Campesina, aun así, esta Resolución es un logro que existe un marco legal para la articulación de la ACFC con los Acuerdos de Paz.

La Resolución 464 de 2017, de lineamientos estratégicos de ACFC que antecede a la Resolución 464 de 2017, sienta las bases para su predecesora, cuya implementación y difusión ha sido liderada por la RENAF y procesos productivos locales. En su introducción del Plan, se presenta la noción de Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, de la mano con el Desarrollo Rural y la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. También, se ofrecen cifras de contexto, como que el 60% de la superficie colombiana tiene uso agropecuario y la ACFC ofrece el 70% de los alimentos del país.

Nariño, Antioquia, Cauca, Boyacá y Cundinamarca son los departamentos que registran para más personas con Unidades Productivas Agrarias (UPA) y personas vinculadas a la agricultura campesina familiar y comunitaria, según cifras publicadas por la UPRA y el DANE en 2014. No obstante, Chocó, Vaupés, Amazonas, Guainía y Putumayo son los departamentos que registran mayor porcentaje de su población dedicada a la ACFC.  (Todos excepto Boyacá y Cundinamarca contienen municipios PDET).

Los territorios priorizados en el Plan serán los municipios PDET, desde el pilar de «Reactivación económica y producción agropecuaria». En este sentido, los grupos motores vinculados al diseño de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) deberían participar en el diseño, implementación y veeduría del Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en cumplimiento del punto 1334 del Acuerdo Final. No estaría demás que se vincularán a los territorios vinculados al Plan Nación Integral para la Sustitución (PNIS), que sigue siendo considerado el patito feo del Acuerdo Final, nadie quiere tener que ver con el PNIS y es precisamente uno de los puntos que más vidas de líderes sociales ha cobrado desde la firma del Acuerdo en 2016. Tampoco, es claro cómo se vinculan excombatientes, cómo se va a escala a nivel local. Política pública perfectamente creada desde Bogotá, que va en contravía del espíritu de la Resolución 464 de 2017 y los Acuerdos de Paz, sus antecesores.

ESTRATEGIAS, PENSADAS DESDE EL ESCRITORIO

Una de las estrategias propuestas en el Plan, es la creación de una Mesa Técnica Nacional para la Comercialización Nacional y un Portafolio metodológico para la Comercialización Rural., también, se proponer fortalecer el Sistema de Información y desarrollar de la dimensión agrologística en el territorio colombiano.  Asimismo, se realizará un estudio de viabilidad de la creación de Sistemas Participativos de Garantía (SPG), estudio en cuyo diseño al parecer no involucrará a la sociedad civil ni a productores de la ACFC. El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia para el Desarrollo Rural son las instituciones de gobierno que encargarán de la implementación y veeduría de la Resolución.

Las estrategias cuentan con visión cortada y simplista de lo que son los paisajes alimentarios, no contempla la oportunidad de articular a productores y consumidores a través, de la creación relaciones de confianza o cercanía. El Plan tampoco innova, trae los tradicionales esquemas de sistemas alimentarios. Continúa existiendo la deuda con productores y consumidores de humanizar los sistemas agroalimentarios, garantizar que funcionen en esquemas de comercio justo.

PRESUPUESTO

A pesar de que el Plan afirma poner en el centro a las organizaciones vinculadas a las ECFC, no existe presupuesto para la participación de las organizaciones ECFC en el diseño de las estrategias y su seguimiento, no existe un vestigio de gobernanza. La Procuraduría General de la Nación será la única cartera de los 510.064 millones destinados al Plan que tendrá vigencia hasta 2031.

PARA CERRAR

A pesar de todas las oportunidades de mejora que identificamos en la Resolución y el Plan, es un significativo avance la creación de un novedoso marco político que reconoce la importancia de la ECFC y la ACFC, de la mano con el Acuerdo Final, sin duda, será una herramienta de gran utilidad para las organizaciones campesinas que continúan en su búsqueda de reconocimiento político que facilitar el desarrollo de sus actividades económicas y la conservación de la rica diversidad biocultural que habita en Colombia.

Te invitamos a conocer todo el marco legal y político que existe en Colombia para defender la ACFC. Asimismo, invitamos respetuosamente el Gobierno Colombiano a vincular a la sociedad civil en el diseño, seguimiento y veeduría del Plan, especialmente, en la Mesa Técnica Nacional para la Comercialización. El reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos de derechos nos permite ampliar nuestra comprensión sobre lo que es la identidad campesina como una cuestión política y cultural, además de económica, que tiene una forma de relacionamiento con la naturaleza particular que contribuye a la mitigación del cambio climático, la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.