Carmen de Carupa, una aproximación desde la teoría de los movimientos sociales

Por:  Daniel Pardo Solarte
 (Estudiante de Sociología y periodismo, Universidad del Rosario)

 

La salida de campo al municipio de Carmen de Carupa fue de vital importancia para entender cómo se configuran en la práctica los movimientos sociales, y especialmente, cómo es la realidad de algunos de estos en el país. Llegar al municipio, hablar con sus habitantes y conocer sus problemáticas con un soporte teórico visto proveniente de las sesiones de la asignatura fue una buena conexión entre la teoría y la práctica de los movimientos sociales que motivan el siguiente análisis. Por tal razón se escogerán situaciones de la experiencia vivida, las cuales serán relacionadas ya sea con conceptos o enfoques teórico-metodológicos vistos en la asignatura.

En ese orden de ideas se expondrán las relaciones entre el movimiento Dignidad Agropecuaria y la pedagogía, así como las condiciones que hacen a este movimiento un movimiento social; el tema de la biohegemonía y cómo opera específicamente en Carmen de Carupa y finalmente el enfoque de superposición e intersección de desigualdades propuesto por Jairo Baquero en la realidad del municipio.

Para empezar, es necesario remontarse al inicio de las clases del semestre y pensar en la propuesta que realizaba Catherine Walsh (2013) respecto a los movimientos sociales y sus formas de hacer pedagogía. La autora afirmaba que los movimientos políticos producen movimientos teóricos, y en esa medida, las luchas sociales se constituían como escenarios de producción de pedagogía pues trataban temas de aprendizaje, desaprendizaje, reflexiones y enseñanzas no solo al interior, sino al exterior de los movimientos (Walsh, 2013). Walsh también se refería en su texto, Lo pedagógico y lo decolonial, a la postura del brasileño Paulo Freire en la medida en que las luchas sociales y la intervención implicaban un proceso de reconocerse y asumirse como actor político. Así para este pedagogo la educación se debía dar teniendo en cuenta tal condición de actor político extendida a contextos sociales, políticos, epistémicos, etc. Es decir, tanto para Freire como para Walsh, la misma existencia y accionar de los movimientos sociales consiste en realizar un proceso retroalimentativo entre lo político y lo pedagógico, puesto que en la medida en que se toma una postura política, también se proponen formas de aplicarla en la práctica, que a su vez generan conocimientos nuevos y así sucesivamente.

Lo anteriormente planteado lo confirma el movimiento Dignidad Agropecuaria en la medida en que han asumido desde su origen en el paro campesino de 2013 una postura directa frente a temas coyunturales como los tratados de libre comercio (TLC), la falta de apoyo estatal y la soberanía alimentaria por mencionar algunas de sus posturas políticas. De esta manera en la medida en que el movimiento se movilizaba a través de marchas en la capital o el cierre de vías importantes para llamar la atención en sus municipios de residencia, proponían un accionar que implicaba una postura tanto práctica como política. Un importante ejemplo de esto tiene que ver con la propuesta del movimiento de renegociar los TLC firmados por el gobierno colombiano. Otras formas de realizar pedagogía desde este movimiento social tienen que ver con las alianzas con otros sectores de la población como el estudiantil y las convocatorias a reuniones informativas para la divulgación de sus posturas ideológicas. De esta manera, lo ideológico y lo práctico son elementos inseparables dentro de este movimiento social. Ahora bien: ¿Por qué considerar a Dignidad Agropecuaria como un movimiento social?

De la Porta y Diani (2011) presentan un análisis detallado y una serie de condiciones con las que un movimiento social tiene que cumplir para hacerse llamar como tal. Para empezar los autores reconocen la necesidad de poder identificar una serie de relaciones conflictivas con oponentes claramente identificados. En el caso de Dignidad Agropecuaria es evidente la relación de tensión existente entre el campesinado que el movimiento representa y el Estado colombiano, a través de instituciones como el Ministerio de Agricultura. Como se abordó en la reunión con las líderes del movimiento en Carmen de Carupa, en la salida de campo, el Estado colombiano no ha sido capaz de cumplir con las demandas de los campesinos hasta el punto en que estos afirman que sirve a los intereses internacionales y no a los de sus ciudadanos. Esto repercute fuertemente en la producción agrícola pues debido a los tratados económicos firmados, los campesinos no son competitivos frente a las industrias como la de Estados Unidos o la Unión Europea, que contrario al caso colombiano, si gozan de un subsidio para la producción provisto por los entes de gobierno.

Por otro lado, los autores reconocen la necesidad de los movimientos sociales de contar con redes informales en las que exista un intercambio de información y de recursos no institucionalizados (conocimiento, dinero, etc.). Es evidente como desde su inicio el movimiento ha aprovechado estas redes informales, pues son estas mismas las bases de su accionar. A través de constantes diálogos interregionales y entre diferentes asociaciones de productores adscritas al movimiento, este ha sido capaz de permanecer vigente en la agenda nacional, así como de poder planear estrategias conjuntamente para ser escuchados por el gobierno.

Finalmente es necesario para De la Porta y Diani (2011) que los movimientos sociales contengan una identidad colectiva entendida como un sentido de propósito común y compromiso compartido, formando una identidad donde se reconozcan como actores políticos. En Dignidad Agropecuaria está más que clara la identificación de estos actores como campesinos en necesidad de recurrir a la movilización para ser escuchados en sus demandas respecto a apoyo estatal y la renegociación de los TLC. Sobra decir que las demandas de los campesinos al Estado no solo radican en temas económicos. Una de las problemáticas más graves del municipio tiene que ver con la delimitación de una buena parte de su territorio como reserva de páramo, lo que deja a varios de sus habitantes en un limbo en el que están obligados a abandonar sus tierras (que por generaciones les han pertenecido) a riesgo de ser multados. Esto implica una criminalización y estigmatización del campesino contra la que el movimiento también lucha, en este caso específico con la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), como brazo del gobierno nacional.

Otra problemática que pudo ser evidenciada en la salida de campo tiene que ver con el discurso biohegemónico que opera en el caso del municipio de Carmen de Carupa, como un discurso interiorizado por funcionarios de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) respecto a las semillas certificadas. Como se pudo evidenciar en la plática con uno de sus representantes, aunque este abiertamente defendía los beneficios de las semillas certificadas (muchas de estas, sino todas provenientes de modificaciones genéticas en laboratorios) reconociendo sus beneficios en la producción y por ende en las ganancias de los productores; en otro momento entraba en una contradicción afirmando que el gasto en productos químicos agroindustriales necesarios para que cultivos como el de la papa se dieran no solo era extremadamente elevado, sino que también desgastaba la tierra. Así el discurso de biohegemónico se ve interiorizado como positivo a pesar del detrimento que causa no solo en la situación actual de los productores, sino también a futuro en la tierra donde cultivan.

Gutiérrez Escobar y Fitting (2016), citando a Newell, entienden a la biohegemonía como el “alineamiento del poder material, institucional y discursivo que sostiene una coalición de fuerzas que se benefician del modelo dominante de desarrollo agrícola”. Así, desde el movimiento Dignidad Agropecuaria se hace una crítica a este modelo de “desarrollo impuesto”, vinculado a las formas en como un discurso de dominación y dependencia se encuentra encubierto en los saberes tecnológicos y científicos producidos desde occidente para generar procesos de sujeción hacía los campesinos colombianos.

Lo anteriormente mencionado guarda relación con los enfoques de análisis de superposición e intersección de desigualdades de Baquero (2017) en la que este autor reconoce tres enfoques para entender la producción de desigualdades, que pueden servir para comprender de mejor manera la situación de Carmen de Carupa. Por un lado se encuentra el geológico/histórico-temporal, el cual como se mencionaba antes obedece al discurso del desarrollo a través de tecnologías como la revolución verde (Escobar, 1998). Como se evidencia en el apartado sobre la biohegemonía, esta se constituye como una forma de prolongación de la dominación colonial sobre los modelos de producción del “tercer mundo” de la que habla Escobar.

Por otro lado el enfoque acumulativo de desigualdades para el caso de Carmen de Carupa tiene que ver con procesos como el abandono de ciertas ramas del poder estatal en la asistencia de la población campesina desde tiempo atrás. Se podría decir que el Estado colombiano tiene una deuda histórica con el campesinado en la medida en que se ha legislado poco y se han llevado a cabo políticas públicas ineficientes para la ayuda de este grupo de población. Esto se puede ver por ejemplo con la fallida reforma agraria de los años sesenta y el posterior pacto de Chicoral. Aquí se evidencia como para el Estado colombiano el campesinado está subordinado en su posición de clase social, frente a por ejemplo la población urbana, la cual aunque no goza de la mejor situación, si ha tenido más políticas públicas y mejor enfocadas.

Finalmente se encuentra el enfoque acumulativo complejo de desigualdades el cual es evidente en la problemática que vive el municipio con el Páramo de Guerrero donde se concentra casi la mitad del área de este. La aplicación de políticas públicas como el acuerdo 022 como política ambiental, repercute directamente en la estigmatización y criminalización de los campesinos de Cundinamarca e introduce nuevas desigualdades en la medida en que estos nuevos conflictos por el territorio evidencian procesos de discriminación y falta de enfoque territorial por parte del estado. Otro ejemplo clave de este enfoque tiene que ver con la firma de los tratados de libre comercio, que como los mismos campesinos afirman, van en detrimento del agro colombiano y tienen como responsable directo al enfoque económico del Estado colombiano.

A modo de conclusión y apreciación sobre la salida de campo, disfruté mucho poder conocer de primera mano las realidades y necesidades de los campesinos de Carmen de Carupa. La visita al municipio fue de gran ayuda para conectar las discusiones teóricas de la clase con situaciones prácticas donde se mezclan muchos de los conocimientos adquiridos en clase con los adquiridos en el campo. Considero necesario seguir fomentando estas salidas de campo para que la academia, y las ciencias humanas específicamente, no pierdan el contacto con los sujetos a quienes deben sus estudios, teorías y a veces éxitos.

 

Bibliografía:

Baquero, Jairo. (2017). Desigualdades superpuestas, capas de desigualdad e interseccionalidad: consideraciones analíticas y aplicación al caso colombiano. Análisis Político, 30(89), 59.

Della Porta, D., & Diani, M. (2011). Los movimientos sociales (Vol. 4). CIS

Escobar, A. (1998). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción 
del desarrollo. Editorial Norma.

Gutiérrez Escobar L. y Fitting, E. (2016) “Red de Semillas Libres: crítica a la 
biohegemonía en Colombia”.Estudios Críticos del Desarrollo, VI (11), julio- 
diciembre: 85-105

Walsh, C. (2013). Lo pedagógico y lo decolonial. Entretejiendo caminos. C. Walsh, 
Pedagogías decoloniales. Quito: Abya-Yala.

 

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