¿A qué jugamos?, esta parece ser una pregunta que frecuentemente académicos y organizaciones campesinas le hacen al Estado colombiano. Paradójicamente desde la instalación de las mesas de negociación en La Habana el 4 septiembre de 2012 el campo ocuparía el primer lugar de los seis puntos a tratar, a la vez que el Congreso de la República adelanta el proyecto de Ley Zidres que es un intento de contrarreforma, que según Cesar Jeréz líder de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas ANZORC, legaliza la concentración y acaparamiento de tierras para la especulación y el desarrollo de proyectos mineros e hidroenergéticos.
Académicos como Tovar, Machado, Fals Borda, Molano, entre otros, llaman la atención en que el problema de la distribución tierra en Colombia es un problema histórico, de carácter político y social. Es uno de los principales motivos de movilización campesina en Colombia desde los albores del siglo XX. Es además, la manifestación de una sociedad altamente excluyente hacia las formas de existencia campesinas.
En un artículo recientemente publicado para el diario El Espectador, el sociólogo colombiano Alfredo Molano señala que en Colombia el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios y el 3,6% posee el 30% de los predios. Asimismo, tan sólo el 36% de los campesinos son propietarios de las tierras que cultivan.
El proyecto de Ley Zidres, la “ley de baldíos” es un mecanismo que promueve la creación Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico (Zidre), un instrumento que convertiría títulos irregulares en títulos legales a través de figura de empresas asociativas. Molano señala que las Zidres serían empresas asociativas conformadas por varios predios que vinculan a campesinos como socios individuales.
Según Jeréz esta ley promueve una forma asociativa de neoaparcería en la que el campesino pone la tierra, el transporte, su seguridad social generando todas las condiciones para que el dueño de la plantación y el inversionista de la transnacional concentren mayor riqueza. Con esta ley el campesino es transformado legalmente en trabajador rural y se cancelan sus avances alcanzados con el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) implementadas con la Ley 160 de 1994 fruto de movilizaciones campesinas, más que de una iniciativa estatal.
La Ley aspira a dar término a la protección a la pequeña y mediana propiedad que se había implementado con la Ley 160 de 1994. Según el economista Carlos Suescún las dos últimas administraciones han pretendido reformar la Ley 160, especialmente el inciso noveno del artículo 72 que regula la concentración de tierras, protege la tenencia de tierra al minifundista a la vez que limita la tenencia máxima de Unidades Agrícolas Familiares.
Para el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, se trata de una ley de contrarreforma agraria que busca estropear posteriores posibilidades de reforma agraria. La forma de Zonas de Desarrollo Empresarial que genera cadenas asociativas entre empresarios y campesinos pone el peso de la producción en los hombros de los campesinos y las ganancias quedan en manos de grandes terratenientes, este esquema se ha desarrollado especialmente con la palmicultura en el norte del país.
El congresista advirtió que el proyecto también estipula la creación de un Fondo de Desarrollo Rural y Económico e Inversión al que llegarán recursos obtenidos de los contratos de concesión y los recursos prevenientes de los contratos que no tienen por objeto la tradición del dominio de los bienes baldíos. Es decir, que son las mismas empresas las que resultarían beneficiadas con los recursos que le otorgan al Incoder por el uso que dan a los baldíos.
El proyecto de ley está colmado de ideas desarrollistas. Como sucedió con la Ley de 2007, Agro Ingreso Seguro, se muestra como una ley democrática que promueve el Desarrollo Rural, sin enfatizar quienes son los beneficiarios de este desarrollo. El objeto de la ley reza lo siguiente:
“Al inducir a los empresarios agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales a ejercer el papel de agente de transformación productiva de los campesinos colombianos, el presente proyecto de ley deja el camino abierto para que los pequeños productores que hoy se ven forzados a abandonar el campo por falta de oportunidades para explotar adecuadamente su tierra, puedan crecer en su tarea, aprender, producir más y mejor, y comercializar sus productos a precios que les permitan asegurar unos activos y un ingreso que los saque finalmente de la pobreza.” (Proyecto de ley 1133 de 2014, p. 17)
Sin embargo tal como sucedió con la ley 1133 de 2007 y como tradicionalmente ha sucedido en Colombia, los beneficiarios serán empresarios y grandes terratenientes y que los pequeños productores quedaran sojuzgados a las condiciones de sus asociados, grandes grupos empresariales.
Para la ANZORC con la Ley lo que está en el horizonte es el negocio de la minería, la generación de energía eléctrica y capturar renta e inversión pública. De forma que el dinero público se destinaría a garantizar la expansión de tales negocios por todo el país. A pesar de que la actividad minera se caracteriza por ser una actividad intensiva en capital que genera bajos niveles de empleo directo, más aún cuando no establece mecanismos de encadenamiento económico directo en el territorio, sin olvidar los impactos ambientales y reducciones en la productividad de tierras campesinas que genera la actividad minera.
Mientras avanza la agenda de negociación en La Habana, en la que las dos partes reconocen la relevancia de la cuestión agraria para el país y se propone una política de desarrollo agrario integral que impulse la integración de las regiones y el desarrollo social y económico del país a través del acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, la protección de la frontera agrícola y las zonas de reserva, el estímulo a la producción agropecuaria, la economía solidaria y el incentivo al desarrollo de sistemas de seguridad alimentaria, simultáneamente se avanza en el desarrollo de un marco legal que promueve la concentración de tierra a través de las adquisiciones irregulares de tierra con la Ley. Queda como telón de fondo la pregunta ¿Qué tipo de paz estamos construyendo?
Fotografía: Christian Salazar. Paisaje de la vereda Potosí, Nariño, Colombia. Tomada el 11 de mayo de 2014.
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